Todos los cubanos tenemos experiencias de juicios. No son necesariamente en salas de tribunales. Sin todavía saber leer, nos obligaron a asumir el papel de jueces de nuestros propios compañeros de aula ―los análisis de colectivo― y así a lo largo de la vida. El CDR es la instancia definitiva en el Tribunal de la Moralidad. Ya adulto ―aunque sólo en términos legales― me leí El Extranjero y descubrí que, incluida mi familia, había sido juzgado no por lo que hacía sino por disentir estética, moral y, con los años, políticamente. Eliezet, en medio del tribunal y reviviendo sus traumas de infancia y adolescencia, debió sentirse un poco Meursault. Reza la Petición fiscal: “…es falta de respeto, gusta de alterar el orden público y de trasnochar, no le constan antecedentes penales”
“Se nos hizo un juicio a mí y a catorce personas más que no conocía y que aparecíamos en la misma petición fiscal…” la narrativa del Estado había pasado de “Revolucionarios confundidos” a “¡La orden de combate está dada!”. El discurso de Díaz-Canel dice: “…cuando la gente está en situaciones severas… ocurren hechos como los que vimos hoy en San Antonio de los Baños… un grupo de personas se agrupó en uno de los parques… para protestar…reclamar.
¿Quiénes componían ese grupo?… personas de pueblo que tienen necesidades… están viviendo… carencias,… dificultades;… revolucionarias que pueden estar confundidas o… no tener todos los argumentos o… también están expresando estas insatisfacciones;… lo hacían de una manera distinta.. buscaban un argumento… una explicación y pedían una explicación,… lo primero que te decían: ‘yo soy revolucionario, yo apoyo a la Revolución’.”
En la nota oficial de la reunión del Buró Político, fechado en 12 de julio, se cita el discurso del difunto Ramiro Valdés: “…quiero destacar que no creo en revolucionarios confundidos”. Es casi entendible. Menos de cuarenta y ocho horas antes fue recibido con gritos de “¡Asesino!” en Palma Soriano, Santiago de Cuba. En pocas horas, su percepción de sí mismo ―el ingeniero y maquinista del aparato de terror Estatal― quedó demolida. En Cuba, el poder no es un ente abstracto ni despersonalizado. Los Guardianes de la Ley, a diferencia de como lo muestra Kafka, son el verdadero rostro de lo que guardan. Es un país hecho a la imagen y semejanza de los que administran.
“Además de los policías que nos señalaron en Ivanov, nos pusieron testigos que alegaron que habíamos arrojado pesticidas,… pancartas,… llamado a la insurrección; a la sedición…” lo cual quedó ampliamente registrado, como postura oficial del Estado, en Cubadebate y el programa de Humberto López. El primero está, mientras escribo esto, inaccesible. Sospecho que tiene algo que ver con los apagones. Sí tengo acceso es a esta declaración de la Fiscalía General de la República publicada en el Periódico Granma el 22 de junio de 2022: “…Para la Fiscalía General de la República constituye un deber continuar informando al pueblo y a la opinión pública internacional sobre la respuesta legal dada a los graves hechos ocurridos el 11 de julio de 2021, que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista….estos hechos ocurrieron en un contexto… de crisis económica mundial, agudizada por una pandemia… que arrebató la vida a muchos cubanos, y el recrudecimiento del bloqueo… De manera tendenciosa continúan las manipulaciones y matrices de opinión, que pretenden acusar a Cuba de violaciones de los derechos humanos, tratando de deslegitimar los procesos penales…”
“A mí me pedían veintisiete años por una cantidad de delitos que estuve muy lejos de cometer”. La petición fiscal habla de “…UN (1) delito de ATENTADO, previsto y sancionado en los artículos 142.1.4 a) b) y ch) UN (1) delito de DESACATO, previsto y sancionado en los artículos 144.1.2, UN (1) delito de DESORDENES PÚBLICOS, previsto y sancionado en el artículo 201.1.2 y UN (1) delito de INSTIGACION A DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 202.1 para cometer delito DESORDENES PÚBLICOS del Código Penal”. La revisión dice: “…los únicos elementos probatorios… con los que cuenta la Fiscalía… acogidos sin el debido razonamiento jurídico… son… mi presencia física en el lugar… el testimonio del Tte. PNR Ivandris Álvarez Aguilar y el Jefe de Sector Alexander Matos Perea”.
Los argumentos que ofrece ese último documento, redactados como si fuese Eliezet aunque con un lenguaje legal demasiado correcto para un lego, se atienen a elementos de razón: “…los testimonios… que me incriminan están basados en un error de apreciación producto de la confusión que imperaba en el lugar… o bien, asumieron mi culpabilidad solo por haber estado… así lo plantearon a Fiscalía y al Tribunal; asimismo, resulta evidente que los jueces que conformaron el Tribunal Sancionador y… de Apelación pasaron por alto la ausencia pruebas que demostraran y evidenciaran la forma en que fui autor de los delitos…”
“Al final me dieron nueve años”. Lo dice casi con alivio. Otros no tuvieron tanta suerte. Entre el deseo de ejemplarizar y la “afirmación de la soberanía” ―lo que se traduce, nuevamente, en la irresponsabilidas de los gobernantes― se llegó a un consenso de “intransigencia revolucionaria” (como nos enseñaron en la escuela). El video filtrado por Diario de Cuba ―una reunión a puerta cerrada de Rubén Remigio Ferro, Jefe del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, con fiscales, instructores penales y miembros de Criminalística lo deja claro:
“…Nosotros no somos los jueces del enemigo… somos los jueces de la Revolución… somos los jueces del Partido… …y no le interesa que en nombre de la seguridad y la prevención del delito… se sancione a inocentes o cometan injusticias…la prueba en función de destruir el principio de presunción de inocencia…” y continúa. No obstante, Eliezet encontró algo de decencia. “Mis abogados hicieron todo lo que pudieron… Nada de lo que se me acusaba era… ni tenían pruebas ni evidencias”.
